El pasado domingo hemos podido leer unas declaraciones del Concejal de Urbanismo de Valladolid, en las que se criticaba con dureza el trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno ... para la creación de un parque municipal de alquiler social. Soy consciente de las dificultades de gestión de una institución de este tipo. Pero esa misma dificultad no se conjura ni se supera a base de desprecios. Desdeñando el trabajo realizado anteriormente, despreciando el parque constituido, o suponiendo a los inquilinos un carácter interesado o innoble. Pero vayamos con las declaraciones.
Viviendas como decenas de miles de la ciudad. Sobre las características de las viviendas del parque el concejal «acusaba a VTLP y PSOE de comprar inmuebles en ruina». ¿En ruina? ¿Qué clase de ruina? Todas las viviendas que se han ido comprando por el Ayuntamiento entre 2017 y 2023 eran revisadas previamente por los técnicos de VIVA, y si no estaban en condiciones de ser adquiridas (estipuladas en cada convocatoria) se rechazaban. No hay ninguna en estado de ruina. Y por si le interesa al concejal, tampoco se encuentran en edificios vacíos. De tal forma que otras familias viven arriba, abajo y al lado. ¿Son las de estos vecinos unas viviendas ruinosas, deplorables? No lo son, en absoluto. Por favor, un poco de respeto.
Desde luego, importa el número. Dice el concejal que solo nos importaba el número. Que creciese el número de viviendas del parque. Y por supuesto que nos importaba. «Sólo buscaban una cifra». ¿Solo? Pues no solo, pero sí. Sin ninguna duda. Si había más de 500 familias con necesidades graves de vivienda, intentábamos poder ofrecer 500 viviendas para atenderlas. Un parque de buenas viviendas para atender, mediante el establecimiento de alquileres sociales, al mayor número posible de quienes tienen necesidad.
Los impagos, en la Mesa de la Vivienda. Habla también en sus declaraciones dominicales de los impagos existentes, debidos –asegura– a que el anterior equipo de gobierno «no emprendía medidas». O sea, que los impagos que se hayan producido en los dos últimos años son responsabilidad del anterior gobierno. Caramba. No dispongo de los informes que se hacían ni de las cartas y contactos telefónicos que se realizaban. Tampoco de las acciones judiciales emprendidas. Pero recuerdo bien que se estudiaba cada caso, se atendía a las circunstancias, y se actuaba en consecuencia.
«¿Insinúa que los beneficiarios son una especie de organización clandestina?»
En todo caso, es un tema delicado (los inquilinos de alquiler social son, con frecuencia, población vulnerable), que se trató en la Mesa de la Vivienda: un organismo consultivo, creado en 2017, en el que participan administraciones, grupos políticos, sindicatos, empresarios, colegios profesionales y asociaciones, y que el actual equipo de gobierno no ha querido convocar ni una sola vez. Pues bien: bastaría revisar el acta de una de las últimas, del 27 de diciembre de 2022, en la que el punto 3.8 se dedica precisamente a los impagos y la manera de actuar. Por favor, revíselo.
Aunque quizá lo más sorprendente sea la denuncia de que la supuesta «inacción» de VIVA provocaba un «efecto contagio». ¿Insinúa el concejal que los beneficiarios de alquileres sociales son una especie de organización clandestina en la que se informan y estudian cómo actuar frente al Ayuntamiento? ¿Quizá comparten un grupo de wasap? ¿Cómo se entera el vecino de una vivienda de VIVA de que otro, situado, por ejemplo, a dos kilómetros, no ha pagado la renta? Pues recordemos que los beneficiarios de las viviendas blancas no son vecinos unos de otros. El parque es disperso. Pero al concejal no le importa. Y por eso afirma que «la gente (sic: la gente) decía: si mi vecino no paga la renta y no le pasa nada, voy hacer lo mismo y así me ahorro un dinero». Una magnífica opinión de los inquilinos del parque público. Si no pago, pues mejor. Por favor: un poco de respeto.
Y por supuesto, VIVA no es una inmobiliaria. Asegura también que «si fuera una inmobiliaria privada, estaría en quiebra absoluta». Perplejidad. Pero ¿qué dice? ¿Que los programas de vivienda social no tienen beneficios económicos? Pues claro. Buscan beneficios sociales. ¿Es consciente, por ejemplo, de que el Ayuntamiento financia a Auvasa con 18 millones de euros y no tiene los beneficios de una empresa privada de transporte? Las políticas públicas, y especialmente las sociales, son así; qué le vamos a hacer.
«En los 20 años de gobierno del PP solo se crearon en Valladolid 12 viviendas de alquiler social»
Un desafecto evidente, en un momento crítico. Toda la declaración destila un notable malestar con el programa. Parece claro por qué en los 20 años de gobierno del PP (1995-2015) solo se crearon en Valladolid doce viviendas de alquiler social. Doce: ni una más ni una menos. Es un programa, es obvio, que no le gusta al PP, ni antes ni ahora. Da la impresión de que las declaraciones del domingo van contra los fundamentos de la política social de vivienda. Que se complementa con otros programas (de viviendas protegidas, o de desarrollo de nuevas promociones, previstas en el Plan de urbanismo, aprobado en 2020). O con el programa Alva, que ha eliminado el actual gobierno. O en colaboración con otras instituciones (el anterior equipo de gobierno decidió e inició la cesión a Somacyl de todas las parcelas que tiene en marcha para vivienda joven).
Como decía, la política social de VIVA no parece que le guste mucho al concejal, a tenor de las declaraciones del domingo. Máxime cuando nada más llegar al gobierno cambiaron sus estatutos para dedicar esta Sociedad al soterramiento o al Campus de la Justicia. Y es llamativo que cuando más necesidad hay de que las administraciones se vuelquen en la vivienda, VIVA ha reducido su presupuesto. En fin, concluyo insistiendo en la necesidad, entre otras facetas de la política municipal de vivienda, de defender el parque público municipal de alquiler social. Que pasó de 12 a 200 viviendas con el anterior gobierno, pero es todavía notoriamente insuficiente. Creo que las declaraciones del domingo no ayudan a ese propósito.
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