Valladolid

Demandada por VIVA al dejar de pagar para poder irse de un piso en mal estado

«Entré a vivir allí en agosto de 2020 y en octubre o noviembre de ese mismo año, cuando empezaron las lluvias fuertes, se me inundó la cocina», relata sobre la primera vez que tuvo que resguardarse cerca de dos semanas por el deficiente estado del piso que alquiló a través del programa ALVA -viviendas cedidas por los propietarios para su arriendo-, un cuarto sin ascensor que presentaba problemas en las instalaciones de gas y electricidad.

«Allí me ha pasado de todo, cada dos por tres se iba la luz, nos quedábamos sin agua caliente, se estropeaban los electrodomésticos», recuerda. Nada comparado con el incendio de un enchufe originado durante una madrugada en una de las habitaciones en las que dormía junto a su hija a causa de una subida de tensión: «No vinieron a verlo, les mandé una foto y la arquitecto dijo que era culpa mía por haber puesto una clavija más grande, porque el enchufe era de los antiguos».

Desde VIVA defienden su papel como intermediarios, dado que por las características del programa era el propietario quien «tenía que hacer los arreglos», algo que, aseguran, se llevó a cabo bajo su supervisión. Si bien reconoce que gran parte del seguimiento fue por correo y de forma telefónica, dado el contexto de pandemia que envolvió dos de los tres años que duró la estancia de la joven en la vivienda alquilada por VIVA.

No fue la única situación de gravedad. «Teníamos una caldera muy antigua de gas butano, que daba muchísimos problemas, hasta que un día dejó de funcionar y tuvimos una intoxicación por monóxido de carbono», cuenta, sobre las sospechas de los médicos tras dos días enfermas con «dolores de cabeza, mareos y debilidad», que vino a corroborar un técnico al que solicitó una revisión y que le advirtió de una elevada concentración de este gas, urgiendo a cambiar la caldera, tarea que acometió el propio propietario en lugar de un instalador.

«No nos consta que sufrieran una intoxicación», asevera De la Fuente, que señala que sí fueron informados de la necesidad de intervenir en la instalación, instando a ello al dueño de la vivienda. No obstante, uno de los correos aportados por la arrendataria, demuestra que sí estaban al corriente, reseñando la responsable del programa que «estaban intranquilos» ante la situación relatada.

Pudo abandonar el piso en septiembre de 2023 al encontrar una alternativa habitacional, pero los problemas a la hora de rescindir el contrato alargaron las mensualidades adeudadas, que ascendían a cuatro en el momento en que se plantó en sus oficinas para entregar las llaves. «Tuve que dejar de pagar para poder marcharme de allí», se justifica, ante la negativa de VIVA de pasarla al programa de viviendas blancas para ajustar la renta a unas nuevas circunstancias de vulnerabilidad.

«No son vasos comunicantes», explica la gerente de la sociedad, dado que el mencionado programa para personas vulnerables tenía unos requisitos de entrada «muy estrictos» y suponía solicitar la entrada al parque de vivienda pública, carente de inmuebles en aquel momento en relación con la elevada demanda. Incide además en que el programa ALVA no tenía el mismo componente social.

«Me dijeron que ese no era el procedimiento, que tenían que ir a ver la vivienda y que primero tenía que pagar lo que debía», explica. En aquel momento la deuda ascendía a 1.167 euros, apenas un pellizco comparado con los 2.700 que ahora le reclaman, dado que la resolución del contrato no llegó hasta febrero de 2024 tras varias negativas: «Me planté y dije que si no querían pues que no entregaba las llaves, pero que no podía pagar eso».

Fue entonces cuando le ofrecieron firmar un reconocimiento de deuda para poder poner fin al alquiler, que aceptó sin pensarlo «para no seguir generando impagos». Se responsabiliza ahora de no haber puesto más medios para evitarlo, algo que achaca a la vulnerabilidad personal y económica de aquel momento: «Estaba muy deprimida y solo quería salir de allí».

La responsable de VIVA defiende los protocolos aplicados y niega que se le imposibilitase devolver la vivienda en fechas anteriores a febrero de 2024. De la Fuente alega que su forma de proceder no fue la correcta, dado que «se tiene que avisar con un periodo de antelación», conforme a «la Ley de Arrendamientos Urbanos y la lógica». Explica además que la arrendataria se presentó en las oficinas sin cita previa, motivo por el cual no la pudo atender ninguna trabajadora, más allá de la persona de recepción, que le facilitó información genérica.

«En todo momento se puede ir cualquier inquilino, más si no puede pagarlo», argumenta, y alega que lo que se le dijo es que «tenía que reconocer la deuda», como finalmente hizo en febrero 2024. No obstante en otra de las comunicaciones con una de las trabajadoras, esta le traslada inicialmente que debía abonar la deuda pendiente «con anterioridad a la devolución de la vivienda». Fue entonces, ante la negativa de la deudora a entregar las llaves en esas condiciones, cuando le comunicaron la posibilidad de firmar un reconocimiento de las cantidades adeudadas hasta la fecha.

Abordar el pago no era una posibilidad para la entonces inquilina, dada la situación de vulnerabilidad sobrevenida a raíz de un accidente de tráfico que la llevó a perder un trabajo estable y que le supuso una difícil reincorporación al mercado laboral, encadenando contratos precarios y periodos de desempleo. «Hubo momentos en los que yo cobraba una pensión de 200 euros y pagaba 290 de alquiler», recuerda con amargura, pero también con gratitud hacia Caritas y la trabajadora social que la ayudaron en los meses más complicados, en los que también tuvo que lidiar con una depresión: «Llegué a pensar que nunca podría darle una vivienda digna a mi hija».

Nuria rememora ahora lo vivido desde su «palacio», un piso modesto pero digno en Arroyo de la Encomienda que ahora es su morada, con un sabor agridulce por un pleito que la retrotrae a un pasado que ha querido borrar. «Creo que no me he beneficiado en nada de este programa, más bien he sido una perjudicada, me hicieron más vulnerable», reflexiona. Pese a que su situación cambió tras encadenar varios contratos en el sector público como auxiliar de enfermería, el nuevo frente con VIVA la pilla desempleada, a la espera de recibir una nueva llamada de la bolsa y con la negativa a recibir justicia gratuita dado que al momento de solicitarla estaba contratada.

El temor a que el desembolso, al que ya de por sí no puede hacer frente, sea mayor si la sentencia es condenatoria y tiene que pagar las costas, la empuja a aceptar un acuerdo, pero pide que le «tiendan la mano» y le den facilidades para el pago, ahora que ha conseguido salir adelante y que admitan su parte de responsabilidad: «No pido que me lo perdonen porque sé que no está bien dejar de pagar un alquiler, pero también pienso que tenían que haber mirado un poco más mi caso y ser un poco más empáticos, pues creo que se ha fallado por las dos partes. La entrega de llaves se alargó demasiado y ahora tengo que pagarlo yo» .