El Gobierno admite que no ha evaluado a mil menores migrantes en Canarias pese a exigirlo el Supremo

El 25 de marzo, la sala tercera del Supremo emitió un auto de medidas cautelares en el que descargaban en el Estado la responsabilidad de hacerse cargo de unos mil menores solicitantes de asilo, para lo que concedían al Ejecutivo un plazo de diez días. Pero al sospechar que no se estaba tomando ninguna medida, decidieron convocar una vista, que se ha celebrado este jueves.

En su comparecencia, los cargos de los ministerios del Interior y de Migraciones han justificado la ausencia de evaluaciones en la «falta de documentación» de los solicitantes y han anunciado «medidas concretas», como «asegurar» plazas a los menores en Canarias gracias al traslado de los mayores de edad que ahora las ocupan y la apertura de 150 plazas adicionales.

Sin embargo, la postura del Gobierno ha recibido el rechazo tanto de los jueces como del Gobierno de Canarias, que también estaba presente en la vista. El magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes preguntó a los representantes del Gobierno: «¿No tienen derecho a protección internacional los menores no acompañados?». Lesmes ha recordado a los representantes del Gobierno que la legislación estatal obliga a la administración central a hacerse cargo de todo lo que es atención no asistencial, lo que incluye la solicitud de protección internacional y la garantía de que los menores reciben los derechos asociados al estatuto de refugiados.

A la vez, el Gobierno de Canarias ha acusado al Ejecutivo de «dilatar» la atención de los migrantes y de presentar el miércoles a última hora el protocolo (las «medidas concretas»), que además, no entrará en vigor hasta el 30 de septiembre. «Hay que ejecutar el auto» del alto tribunal, ha exigido Canarias, que ha acusado al Gobierno de no querer cumplir una iniciativa que por su carácter cautelar tenía que haber sido urgente.